El gasolinazo y la estabilidad macroeconómica
Javier Orozco Alvarado
Hace unos días, con motivo del año nuevo el presidente de la República, en su mensaje a la nación, expresó su comprensión por el malestar que el gasolinazo generó entre la población. De hecho, nos conminó a reflexionar que dicho aumento era la única solución que existía para mantener la estabilidad económica del país; incluso, preguntó, qué hubiéramos hecho nosotros en su lugar.
Cada uno de nosotros seguramente tendrá su propia respuesta o hasta sus propias decisiones personales para demostrar lo que cree que debía hacerse o debía haberse hecho. Muchos optaron por hacer marchas, tomar gasolineras, casetas de cobro o saquear tiendas departamentales. Otros, seguramente, opinarán que lo mejor que hubieran podido hacer es no haber votado por los partidos tradicionales y los partidos paleros que votaron la reforma energética y el presupuesto de ingresos que aprobaron las cámaras de diputados y de senadores, en donde se incluía el aumento al precio de la gasolina.
Lo que hubiéramos hecho muchos mexicanos, seguramente, hubiera sido meter a la cárcel y confiscar sus riquezas a los priistas Javier Duarte (Veracruz), Cesar Duarte (Chihuahua) y Roberto Borje (Quintana Roo), que saquearon los estados que gobernaron estos tres primeros años de la administración peñista. Con ese dinero, posiblemente, se hubiera cubierto el subsidio que requerían los precios de las gasolinas los próximos dos años mientras mejoraba la situación económica del país.
Otra cosa que hubiéramos hecho los ciudadanos es no haber privatizado Pemex para seguir generando los recursos que permitieran subsidiar los servicios del sector público, así como las necesidades sociales de los más desfavorecidos hasta alcanzar un mayor desarrollo. Igualmente, no hubiéramos liberalizado el mercado de hidrocarburos sin contar con una empresa pública competitiva para hacer frente a los precios del mercado, lo que ahora traerá un creciente efecto inflacionario y elevación del costo de la vida.
Hasta ahora, no existe lógica alguna en la que un aumento en los precios de los bienes y servicios genere estabilidad económica, como dice el presidente; al contrario, la elevación de los precios o inflación es, para empezar, un síntoma de inestabilidad macroeconómica. La inflación tiene como consecuencia una disminución en el consumo, en la demanda agregada, en el empleo y en el crecimiento económico, cuyo efecto es una caída en la inversión y de los tipos de cambio. Esto es, un mayor debilitamiento del peso; que, en un escenario como el que estamos viviendo, significará mayores costos de importación de gasolina, sin la posibilidad de producirla internamente. Estamos ante un círculo vicioso.
Otros, como el Presidente de la COPARMEX, no quisieron firma el “Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar” que presentó el presidente de la República el pasado 9 de enero, por considerar que no incluye a todos los sectores legítimos de la sociedad, que es un acuerdo “improvisado, incompleto e insuficiente con resultados limitados”.
La postura de algunos gremios, como el Colegio de Economistas Jaliscienses, A.C. (CEJ), en rueda de prensa del 6 de enero, manifestó que lo que se tendría que haber hecho era comenzar a invertir en la cadena de producción, distribución y consumo, vinculado a la gasolina y otros energéticos, para luego estar en condiciones de liberar el mercado. Asimismo, propone disminuir la carga fiscal del IEPS a fin de aminorar el costo total de la gasolina para no afectar al consumidor; reducir el gasto corriente y no esencial del Gobierno Federal, así como instrumentar políticas de austeridad y ahorro que permitan acabar con el despilfarro de la clase gobernante para cubrir la brecha financiera sin tener que cargar estos costos a la población con el aumento en los precios a los combustibles.
En su comunicado a los medios, este gremio de economistas sugirió distribuir eficientemente los ingresos excedentes que ha recaudado la federación en los últimos dos años, para amortizar la transición energética en un plazo mayor, disminuyendo el costo social y económico entre las familias de menores recursos. De hecho, demostró con cifras oficiales de la SHCP que el Gobierno Federal recaudó excedentes por más de 243 mil millones de pesos entre 2015-2016, con los cuales habría podido atender los programas sociales que dice el presidente se perderían de no haber ajustado el precio a las gasolinas.
La realidad es que, según el CEJ, este aumento al precio de las gasolinas tendrá mayores consecuencias para las familias de más bajos ingresos, quienes tendrán que gastar cerca del 10% de sus ingresos en servicios que tienen que ver con su transportación; mientras que para los de altos ingresos este aumento significará un gasto menor al 2.5% de su ingreso. Aun así, es evidente que no sólo quienes ganan el salario mínimo están seriamente indignados, sino también la clase media y la clase empresarial de este país. ¿Usted que haría en el lugar del presidente?
